Multa de $ 96 mil millones a Hernando Rodríguez, responsable del desfalco a Foncolpuertos

Fuente : EL TIEMPO

Colpuertos fue la empresa que desfalcaron en una artimaña entre abogados, trabajadores, ex trabajadores y el liquidador de la compañía. Es uno de los peores escándalos de corrupción en el país.

Ese es el monto de los mandamientos de pago irregulares que, según admitió, pasaron por sus manos durante los dos años que estuvo como gerente liquidador de Colpuertos.

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La jueza segunda penal de descongestión, Claudia Marcela Castro Martínez, le impuso una condena de ocho años de prisión por peculado por apropiación (ya había recibido otra de 13 años, en la Corte Suprema) y le ordenó pagar, con intereses, los 96 mil millones de pesos correspondientes a 197 mandamientos de pago ilegales.

Según la jueza, el ex gerente de Foncolpuertos "(...) actuó con un único propósito o designio criminal (...) mediante el reconocimiento y pago de derechos inexistentes, no causados, sentencias judiciales no en firme y reajustes de pensión derivados de fraudulentos reconocimientos".

Por eso, en una decisión trascendental, declaró "sin efectos los actos administrativos de los cuales se derivaron los pagos objeto de peculado". El Ministerio de la Protección Social ya está trabajando para cumplir esa orden, que implica la revisión automática de las millonarias pensiones de algunos de los trabajadores de Colpuertos.

También compulsó copias a la Unidad de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía para que investigue el patrimonio de Rodríguez e inicie las acciones tendientes a recuperar el dinero arrebatado al Estado.

Los juzgados de descongestión recibieron la misión específica de sacar adelante los casos penales por los robos a Foncolpuertos y Cajanal.

El expediente de Rodríguez, por primera vez, da luces de cómo se fraguó el robo, uno de los mayores escándalos en la historia del país y en el que intervinieron funcionarios de Fondo de Liquidación, jueces, abogados y ex trabajadores.

La investigación demostró que Rodríguez contaba con un equipo de abogados con quienes pudo detectar a tiempo las irregularidades en las reclamaciones hechas por los trabajadores.
Además, tenía a su disposición la hoja de vida de cada uno de los empleados, documentos con los que pudo verificar cualquier omisión de la empresa en la liquidación de horas extras, salarios, aumentos, dominicales, festivos y las liquidación de prestaciones sociales o pensiones.

Aun así, Rodríguez firmó 197 resoluciones en las que reconoció pensiones, aumento de mesadas, prestaciones sociales y salarios sin cumplir los requisitos de ley lo mismo que reliquidaciones basadas en derechos inexistentes o en rubros que no eran salario.

En nueve de esas resoluciones aceptó la reliquidación de prestaciones para incluir los valores del calzado y los uniformes entregados por Puertos de Colombia a sus empleados, elementos que, según la ley, no constituían salario.

En otros 16 actos administrativos ordenó el pago de nuevas liquidaciones en las que se incluyeron refrigerios, un subsidio de alimentación que la empresa daba a los empleados en cumplimiento de acuerdos pactados en las convenciones anuales de trabajo.

A Carlos Alberto Peña, por ejemplo, se le reconocieron $280 millones por reclamaciones a las que previamente había renunciado en un acuerdo con la empresa.